Vicepresidente Germán Vargas asegura que el cambio se verá en aeropuertos, puertos y ferrocarriles.

¿Por qué asegura que Colombia en cuatro años será un nuevo país en infraestructura?

Será un nuevo país porque nunca había tenido un programa tan ambicioso que comprometiera un volumen tan grande de recursos: $ 70 billones. En el pasado se cometieron equivocaciones que acumularon el rezago que nos ha puesto en desventajosa posición. Ocupamos el puesto n.° 18.

En rezago en el continente solo están peor Haití, Guayana,Cuba y Bolivia. El informe de Doing Business nos coloca en el puesto 110 y señala que la falta de competitividad y costos logísticos de la infraestructura son elementos muy negativos para hacer negocios en el país. Y cuando digo que todo esto va a cambiar es porque las modalidades contractuales, la forma en que se canaliza la inversión, nos va a permitir resultados pronto.

¿Cómo va a lograrlo?

Ya no hay entrega de anticipos, que eran muy desestimulantes, porque el Estado suministraba unos recursos y una vez la firma los recibía lo que causaba era pleitos. Ahora vamos a pagar por unidad funcional de obra terminada. Además, hemos intervenido en cuatro asuntos que retardaban la ejecución de las obras.

¿Cuáles?

Un tema son los licenciamientos ambientales: la expedición de los decretos del Gobierno han agilizado su trámite pero, sobre todo, han puesto claridad. También es muy importante la nueva Ley de Infraestructura que da la certeza, por primera vez, de que primará el interés general sobre el particular. Recordemos que hoy el dueño de un predio tiene 15 días para aceptar o no la oferta que al valor comercial se le hace. Transcurrido este término, lo único que procede es la expropiación con la entrega anticipada del predio y el único valor a reconocer será el del avalúo catastral. Adicionalmente, ha contribuido mucho la integración y fortalecimiento institucional para hacer la interlocución con el sector privado. Y está la transparencia. Nunca antes, en 57 corredores viales que está licitando el Invías, había llegado tal cúmulo de propuestas: 1.500. En toda licitación llegan hasta 70 oferentes. Eso es excepcional, es muestra de confianza, claridad y transparencia.

¿Cómo están blindando las contrataciones contra la corrupción?

Tenemos todo un arsenal de instrumentos. Con pliegos tipo, fortalecimiento de las razones objetivas para la adjudicación, claridad en los procedimientos, las audiencias públicas, la manera en que se determina si es la alta, la baja o la media el mecanismo para seleccionar. Todos los funcionarios que participan en la elaboración de los pliegos y la adjudicación se están sometiendo a las pruebas del polígrafo. Lamento decir que no sucede así en los niveles regionales.

Hay que hacer un nuevo esfuerzo para que gobernaciones y alcaldías mejoren sus estándares. Nos preocupa mucho el informe de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, donde demuestran que el 90 % de las entidades territoriales terminan adjudicando los contratos de obra pública con un solo oferente.

Ese es el nuevo desafío que tenemos, dentro de las limitaciones de las competencias que nos señala la autonomía frente a las entidades territoriales.

De lo anunciado, ¿qué se ha ejecutado realmente?

Este mes arrancaron en firme las obras nuevas de concesión, porque todos estos contratos tuvieron 12 meses de preconstrucción, tiempo que el concesionario debe utilizar para hacer la gestión predial, pasar diseños a fase III, hacer las consultas previas cuando haya lugar, obtener los licenciamientos ambientales y los cierres financieros. La obra pública ya toda se inició y lo que aún no se ha hecho arrancará en enero. Como lo son también las inversiones en aeropuertos, puertos y ferrocarriles que ya todas están en marcha.

¿Se ejecutarán todos los proyectos en tres años de gobierno que quedan?

Todos no, pero sí un 70 por ciento. Tendremos algunos proyectos que se demorarán un año más y serán aquellos que tienen grandes tramos tuneleros, que demandan mayor tiempo de ejecución. Pero trimestralmente veremos avances, porque como los proyectos operan como unidades funcionales terminadas, así todo el corredor de una concesión no esté terminado, se irán habilitando a partir del año entrante segmentos al servicio.

¿La caída del precio del petróleo y alza del dólar qué tanto afectó inversiones y proyectos?

Hay que mirarlo desde dos ópticas. En primer lugar, la caída del precio del petróleo ha afectado las finanzas del Estado y ha llevado a aplazamientos en el gasto y a recortes de presupuesto para el 2016. A nosotros nos impactó en el plan de obra pública. Lo que estamos licitando ahora son 4 billones de pesos; $ 2 billones más ya estaban comprometidos. Hablamos de un programa de $ 6 billones. El originalmente planteado era de $ 10 billones. En cuanto a concesiones tenemos contratada la primera ola de autopistas 4G; en segunda ola hay contratados 19 proyectos y en la 3.ª ola, que tenía 9 corredores programados, hasta el momento se han aprobado dos: Bucaramanga-Pamplona y Pamplona-Cúcuta. De manera que también nos impactó. Pero el frente que más me preocupa es el de agua potable, no tiene que ver con infraestructura, pero su recorte fue monumental. Pasamos de un presupuesto ejecutado en los últimos cuatro años de $ 5 billones a una programación para los siguientes cuatro años de tan solo 1 billón.

Frente a fenómenos como el cambio climático, ¿no tiene efectos negativos?

Esperemos que ese tema sea coyuntural. Pero pese a eso, con los recursos que se ejecutaron en el cuatrienio pasado y los que están programados para este año llegaremos en el tema urbano a un cubrimiento del 98 % en acueductos, del 75 % en alcantarillados y del 50 % en plantas de tratamiento de agua residual. Lo que sí impactará será el programa de agua en el sector rural, donde 4 millones de colombianos aún no gozan del servicio o una adecuada prestación del mismo.

¿Cómo marchan las alianzas público-privadas?

Ya hay 9 aprobadas por el Confis, por el Consejo de Ministros, con contratos celebrados y actas de inicio de obra. Y tenemos 10 más en trámite. En esta modalidad, las inversiones superan los $ 10 billones. Tenemos aprobados corredores tan importantes como la doble calzada Ibagué-Cajamarca, la malla vial del Meta, el tercer carril Bogotá-Girardot, que será la primera carretera de Colombia de seis carriles, la concesión Antioquia-Bolívar y Cesar-Guajira.

¿Las APP han logrado los cierres financieros que esperaban?

Esto es lo mejor. De la primera ola, dentro de los plazos contractuales, las primeras seis concesiones ya hicieron su cierre financiero. Había incertidumbre si lo iban a lograr. Tres más lo harán entre noviembre y enero del próximo año. Y una última tiene plazo contractual hasta mayo del 2016. Los bancos están contribuyendo y la semana pasada tuvimos la muy grata noticia que los fondos de pensiones decidieron ingresar al financiamiento de estos proyectos desde el inicio de los mismos, vinculándose con 3 billones de pesos en una etapa inicial.

En cuanto a infraestructura para Bogotá, ¿qué tanto se le atravesó Petro en sus proyectos?

La decisión que hemos tomado es pensar ya en el inmediato futuro. Sin perder un minuto, al día siguiente de las elecciones nos reunimos con el nuevo alcalde, Enrique Peñalosa, y el nuevo gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Vamos a trabajar como un solo hombre, para que desde enero todas las iniciativas que hay puedan materializarse. Se aprovecharán estos dos meses para llevar los proyectos a factibilidad, aquellos que no la tenían, para definir prioridades y creemos que en el primer trimestre del próximo año podremos tener victorias tempranas.

‘Se inicia fase II de vivienda gratis’

“El 26 de noviembre, con presencia del presidente Santos, en El Salado (Carmen de Bolívar), se entregará la casa 100.000. Todas construidas, terminadas y entregadas. Un modelo que está siendo ya analizado internacionalmente y que permitió duplicar el área construida. Ya arrancó la construcción de todos los equipamientos. En marzo se cerró la convocatoria en la que 600 municipios categoría 6,5 4, los más pequeños, hicieron el esfuerzo de comprar tierra y habilitarla, terrenos que hoy evalúa Findeter para definir prioridades y a partir de este mes iniciar la fase II de construcción de vivienda gratuita, ahora focalizada en municipios más pequeños. También empezó el programa para ahorradores que permitirá a las familias de entre 1 y 2 salarios mínimos adquirir su vivienda con una modesta cuota de $ 180.000. Son 70.000 nuevas oportunidades.

Iniciamos el programa para el segmento de ingreso medio Mi Casa Ya: 130.000 nuevas oportunidades. En este programa las familias con 2 a 4 salarios de ingreso podrán adquirir su vivienda; el rango sube a $ 86 millones y el Gobierno contribuye con 12 millones de la cuota inicial y asume cuatro puntos de la tasa de interés. Hay un cuarto programa para apalancar el sector formal con las cajas de compensación familiar donde aportamos el subsidio a la tasa y ellos, el subsidio a la vivienda. Además, con el programa Pipe II hay 50.000 oportunidades; también interviene el Gobierno con la tasa de subsidio para vivienda hasta de $ 220 millones de pesos. Todo esto significa que en el segundo periodo del Presidente vamos a construir 450.000 viviendas de interés social, y con esta meta el país habrá reducido su déficit habitacional en un 50 por ciento”.